Los legisladores Ricardo Bussi y Horacio Vermal solicitaron al Ejecutivo que ponga fin al “Protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del servicio penitenciario de Tucumán”, el cual fue se puso en vigencia el 2 de abril de 2020, por la pandemia de covid-19.
Ambos sostienen que “habiendo concluido el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en virtud de haber quedado sin efecto el DNU 297/20, y estando flexibilizadas las disposiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio, solo a medidas sanitarias básicas de higiene y prevención, resulta absolutamente innecesario la vigencia de este beneficio”.
“Por tal motivo, exhortamos al Poder Ejecutivo, para que en forma inmediata deje sin efecto la aplicación del protocolo de referencia, circunscribiendo su accionar a lo normado en el artículo 160 de la Ley Nº 24660, prohibiéndose el uso de teléfonos celulares y/o otros artefactos electrónicos a las personas privadas de su libertad en la totalidad de las unidades penitenciarias de la provincia de Tucumán”, agregaron en el escrito que los legisladores presentaron al Gobierno.
Considerando que ya no se impide el contacto de los presos con sus familiares y allegados, por cuestiones de prevención sanitaria, Bussi y Vermal piden que se cumpla lo normado por el artículo 160 de la ley Nº 24660 (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad), que establece que: “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”.
Según el texto de la iniciativa republicana, para “tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. La violación a la prohibición prevista en este artículo será considerada falta grave en los términos del artículo 85 de esta ley…” (Articulo sustituido por el artículo 35 de la Ley Nº 27.375. B.O. 28/07/2017), evitándose así, que estos medios de comunicación sigan siendo usados como herramientas electrónicas para cometer delitos como (tráfico organizado de estupefaciente, estafas, extorsiones telefónicas y delitos informáticos entre otros), de la que son víctimas todos los días los ciudadanos tucumanos sin distinción de edad”.